El Pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales desaparecen.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores.
La senadora panista Pilar Ortega Martínez afirmó que con las reformas aprobadas por el Senado en materia laboral se garantiza la expresión del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de conflictos entre sindicatos.
El PRD dio su voto a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de justicia laboral, al considerar que no prosperó el intento de condicionar el derecho a huelga de los trabajadores y que se mantiene el voto personal, libre y secreto como un nuevo derecho laboral.
