Hasta cierto punto es lógica la animadversión del nuevo gobierno contra los reguladores, en principio autónomos, que han surgido en México durante los últimos decenios. Algunos voceros de la 4T lo han confesado en público: la única autonomía que realmente les gusta es la ficticia y anacrónica autonomía de Ciudad Universitaria. Todas las demás les parecen sesgadas, inútiles, caras o francamente enemigas del pueblo. Se entiende su rechazo.
En países como el nuestro, o Brasil, o las economías europeas dotadas desde hace casi tres cuartos de siglo de sectores públicos extensos y diversificados, la idea misma de un ente regulador se antoja redundante. En Francia, donde buena parte de la economía fue nacionalizada, primero durante la Liberación, en 1944-46, y luego en 1981, ¿quién iba a regular a EDF (la CFE de allá), a Total y Gaz de France (Pemex), a Renault y los PTT (Telmex) y buena parte de los bancos, empezando con el más grande: Crédit Agricole?
El Estado, o una dependencia parte del mismo, autónoma o no, ¿iba a regular al Estado? Obvio no: o estas empresas, y muchas más, se regularían solas, o las vigilaría el todo poderoso Ministerio de Finanzas, la Cour des Comptes o en menor medida la Inspection des Finances. Esto cambió con el tiempo, pero durante muchas décadas de amplio sector público, la regulación autónoma y externa resultaba una idea extraña, más bien de corte anglosajón.
En Brasil, país de un sector público como el nuestro, sucede algo parecido. Por lustros, empresas como Petrobras, Electrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil (que no es el banco central) y muchas otras en el ámbito de las telecomunicaciones, la siderurgia y los puertos, carreteras y aeropuertos, pertenecían al Estado. Las vigilaba (más o menos) el Estado, y los entes reguladores, cuando existían, la hacían de comparsas o de floreros.
El reclamo al origen anglosajón de la regulación es válido. Justamente porque Estados Unidos jamás tuvo el privilegio o la desgracia de un sector público significativo, la regulación, desde Theodore Roosevelt, se tornó indispensable. El Estado no fiscalizaba a empresas estatales, porque no había empresas estatales.
Para regular a monopolios gigantescos en el sector energético, bancario, de transporte, telecomunicaciones, acero, bienes de consumo duradero, alimentación y farmacéutica, se requería de instituciones que desde hace decenios, si no es que más, componen la sopa de letras (o acrónimos) del Estado norteamericano: SEC, FAA, FDA, ICC, FCC, EPA, etc. El caso inglés se ubica tal vez a medio camino, entre las nacionalizaciones de la posguerra, y las privatizaciones de Thatcher.
El México de López Obrador, es decir, el de los setenta de Luis Echeverría, se parece mucho más a Francia o Brasil que a Estados Unidos. ¿Quién regulaba a Pemex? El presidente y Hacienda. ¿A Nafinsa, CFE, NdeM, AHMSA, Nacional Hotelera, Fertimex, Telmex, Aeronaves, etc.? El presidente y Hacienda. No fue sino hasta las privatizaciones de Salinas que fue necesario responder a una pregunta sencilla y evidente: ya en manos privadas, ¿quién iba a vigilar a empresas cuyo comportamiento y gestión afectaba a toda la economía, pero que se hallaban en manos privadas?
Había que construir o habilitar los entes regulatorios necesarios, y dotarlos de poder, autonomía y recursos. A lo cual, en México, se agregaban otros sectores adicionales: los que proporcionaban datos, los que organizaban elecciones, los que dizque protegían al consumidor o al medio ambiente, y mucho más tarde, defendían la transparencia.
En efecto, estos entes reguladores tenían por objeto compensar el poder avasallador de la empresa mexicana recién privatizada y casi-monopólica. El mejor ejemplo fue Telmex, pero no el único. Cuando vino la reforma energética, o de telecomunicaciones, con más razón: debían sesgarse los entes contra las empresas mal llamadas dominantes. Eran aplastantes: Pemex, CFE, Televisa, etc.
Para López Obrador y la izquierda mexicana, regular es abdicar. Los meros machos nacionalizan, consolidan y engrandecen un sector público inmenso, que se regula a sí mismo. ¿Alguien imagina a una Cofece, o un Ifetel, o una CRE, o incluso una CNBV, en Cuba? ¿Para qué? Para eso están las FAR (averigüen de qué es la sigla).
