La reforma a la Ley General de Radiodifusión y Telecomunicaciones representa un retroceso en el contenido y gestión de los medios públicos, de acuerdo con especialistas consultados por este diario, ya que se modifica el artículo décimo transitorio de esa ley, en el apartado que estipula que un medio público debe difundir información imparcial y objetiva, dar espacio a la expresión de la pluralidad de ideas y opiniones para fortalecer la vida democrática de la sociedad.
El Senado de la República aplazó la aprobación a la Ley de Telecomunicaciones con el objetivo de mejorar la redacción y consultar a expertos en el tema, y la discusión pública se ha centrado en las repercusiones que la ley provocará a los medios digitales y las concesiones de medios privados. Sin embargo, medios públicos como Canal 22, Canal Once y el IMER también se verán afectados.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y Ernesto Villanueva, especialista en derechos a la información, coinciden en que la reforma de ley debilitará aun más a los medios públicos, los cuales han enfrentado crisis presupuestales y de contenidos desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que vemos es que se va a modificar la reforma de Ley de Telecomunicaciones de 2014, en donde el artículo décimo transitorio, que es el que habla de los medios públicos, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de actualización tecnológica, y otros avances, van a desaparecer; en lugar de fortalecerlos, con esta ley los van a debilitar, el escenario es peor”, señala Bravo.
Villanueva observa que, con la reforma, los medios públicos ya no tendrán ninguna obligación en específico (como lo estipula el artículo décimo transitorio). “En cuanto la iniciativa sea aprobada, los medios públicos ya no tendrán responsabilidades especificas o compromisos puntuales, en la medida que son medios sufragados por la sociedad, por eso deben tener mayores exigencias, en la nueva ley no se hace esa aclaración”, apunta.
Otra posible afectación de esta reforma son las radios comunitarias, cuyo sector denunció exclusión en los foros de discusión de esa Ley. De acuerdo con Melquiades Rosas, representante de este sector, la reforma de ley no mejora las condiciones del espectro destinado a la radiodifusión de índole social, es decir, la que las radios comunitarias pueden usar, y las deja con un 10% de todo el espectro.
Agrega que el lunes emitirán un comunicado con todas las afectaciones de la reforma.
Sobre la censura en medios digitales, Jorge Bravo agrega que es un despropósito otorgarle tanto control a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, encabezada por José Merino. “La reforma de Ley es compleja, tiene muchas aristas, pero sí, sí es censura, sí es un control, es desproporcionado, no le correspondería a la Agencia bloquear una plataforma de Internet, habrá censura”.
Ernesto Villanueva señala que no hay parámetros para decidir quien encabeza esa Agencia, por lo que es peligroso darle la facultad de censurar canales o medios que vayan en contra de la ideología política dominante. (El Universal)
