Alfonso Zárate
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La historia de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado mexicano es una historia de luchas que se exacerbó con la guerra cristera de 1926 a1929.
En la historia oficial suele ignorarse o subestimarse la manera tosca con la que durante los mandatos de Álvaro Obregón y Plutarco Elía Calles, lo mismo gobiernos municipales que estatales y el federal emprendieron una persecución religiosa cuyos excesos llevaron a la rebelión cristera.
El 3 de febrero de 1926, el arzobispo de México, José Mora y del Río, emitió las declaraciones que dispararon el conflicto: “La protesta que los prelados mexicanos formulamos contra la Constitución de 1917 se mantiene firme… El Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º, 27 y 130 de la Constitución vigente.
Este criterio no podemos, por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión”. A estas declaraciones siguieron los levantamientos de miles de católicos en varias entidades del centro de la República.
Aunque, según el maestro Rafael Segovia, la rebelión cristera nunca puso en peligro la existencia misma del gobierno, significaba un desafío al Estado y un desgaste permanente. Así lo percibía, Emilio Portes Gil, quien habría de lograr en la mesa de negociaciones lo que no había sido posible consumar en los campos de batalla.
El presidente Portes Gil consideraba que la reacción violenta de los católicos obedecía, en buena medida, a los excesos que contra ellos cometían distintas autoridades: agentes de las policías del Distrito Federal, de la judicial del fuero común, de la judicial federal y de la Secretaría de Gobernación, “que a diario realizaban saqueos en los hogares de personas calificadas de fanáticos y aún en los templos…”
A un tono desprovisto de violencia en las declaraciones oficiales siguió una actitud negociadora del Episcopado Mexicano. El 2 de junio de 1929, el arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores declaró: “El conflicto religioso en México no fue motivado por ninguna causa que no pueda ser corregida por hombres de buena voluntad. Como una prueba de buena voluntad, las palabras del presidente Portes Gil son de mucha importancia.
La Iglesia y sus ministros están preparados para cooperar con él en todo esfuerzo justo y moral para el mejoramiento del pueblo mexicano”. La aceptación de una política conciliatoria por parte de las autoridades eclesiásticas tuvo un efecto determinante entre los cristeros.
Finalmente, el 21 de junio de 1929, se publicaron las declaraciones oficiales que habrían de poner fin al conflicto religioso. Portes Gil declaró la intención, que era la del gobierno y de la Constitución, de no destruir la integridad de la Iglesia católica ni intervenir en sus funciones espirituales.
El gobierno había mantenido, esencialmente, su postura y el apego a las leyes, la Cristiada que había costado cerca de 80 mil vidas y que había constituido enorme reto al régimen revolucionario, concluyó.
