La Fiscalía General de la República (FGR) explicó cómo operaba la red de huachicol fiscal, en la que presuntamente estaría involucrada la empresa Ingemar, donde Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, figura como accionista.
Supuestamente, la operación se extendía en ocho estados del país y habría provocado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos, según estimaciones de las autoridades.
El esquema operaba bajo la fachada de un negocio legal, ya que las empresas involucradas, incluida Ingemar, se dedicaban a la importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y ferroviarios, entre otras actividades.
De acuerdo con la FGR, al introducir la mercancía desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos de los que en realidad transportaban con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Vías férreas, el medio de transporte favorito para el huachicol fiscal
El mecanismo principal estaba en los carros-tanque de ferrocarril. La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada unidad; es decir, reportaba alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaba hasta 110 mil litros.
Debido al presunto contubernio con agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina, los filtros de seguridad no se aplicaban y el combustible ingresaba al país sin revisión.
Una vez en territorio nacional, el combustible no declarado se trasladaba a vías de conexión, conocidas como espuelas ferroviarias, para su distribución. Desde esos puntos, el combustible pasaba a una red de transportistas.
En esas instalaciones, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el producto se descargaba en pipas y tractocamiones de siete empresas diferentes, que después lo comercializaban y distribuían en distintas regiones del país.
Millones de litros de combustible no declarados ingresaron a México
Bajo este esquema, las investigaciones determinaron que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.
En materia fiscal, la evasión estimada por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A esa cantidad se suman 18 millones 289 mil 304 pesos por concepto de IVA, para un daño conjunto a la Hacienda Pública de 106 millones 800 mil 821 pesos.
La FGR identificó las rutas exactas de ingreso del combustible de contrabando. Entre enero y julio de 2025, la red presuntamente realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas ubicadas en Tamaulipas.
Con información de El Financiero.
