Jorge G. Castañeda
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Por azares de la vida, poseo algún conocimiento del tema de las residencias de los jefes de misión en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi primera experiencia se remonta a 1962; viví durante tres años en la casa de Maadi, en El Cairo, cuando mi padre fue embajador en Egipto. Lo visité después en numerosas ocasiones, pernoctando (en la jerga del supuestamente extinto EMP) varias noches en Ginebra y en París, hasta 1988.
Tuve la misma suerte cuando me acogió mi hermano, en las residencias de Ginebra, también, Suecia y Londres, donde probablemente ocupé la misma recámara que el hijo de quien fuera canciller hace poco. Como canciller, yo mismo abusé de la hospitalidad de nuestros embajadores en Portugal y en Egipto, durante varios días.
De la experiencia de mi padre como secretario, de mi hermano como subsecretario (del ramo) y mía como secretario, puedo compartir algunas enseñanzas. No recuerdo ningún caso en que cualquiera de los tres haya solicitado a —o aceptado la invitación de— un titular de adscripción de albergar a hijos, hermanos, padres o nietos.
Tampoco recuerdo escándalo alguno afectando a los otros ex cancilleres en vida, aunque nuestra audaz, trabajadora y empeñosa prensa u oposición podría preguntarles: Bernardo Sepúlveda, José Ángel Gurría, Luis Ernesto Derbez, Patricia Espinoza, José Antonio Meade, Claudia Ruiz-Massieu y Luis Videgaray.
Muchos embajadores y cónsules invitan lógicamente a sus familiares, amigos o relaciones políticas a permanecer algunos días, a veces semanas, en la residencia que tienen asignada. Algunos gobiernos —el de Francia, el de Turquía, el de Estados Unidos, el de Brasil— acostumbran alojar a altos funcionarios —gabinete, subsecretarios, asesores presidenciales— en las residencias, por comodidad, ahorro o seguridad. Desde 1987, he tenido la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad de varios jefes de misión, no siendo canciller.
Pero no recuerdo que se haya producido un caso como el de Ebrard: entre seis y ocho meses de estancia, un joven universitario, a solicitud del anfitrión o del titular de la SRE —según la versión que cada quien quiera creer; ya Alejandro Gertz nos podrá informar con mayor detalle— con todos los recursos que esto implica en Londres, no en una sede barata.
Comida, servicio del hogar, limpieza, lavado, tintorería, no sabemos si uso del chofer de la embajada —de nuevo, a ver que más dice Gertz— luz, agua, calefacción, y desde luego la renta imputada (el Inegi puede explicar lo que significa), etc. Yo financié la manutención de un hijo universitario en Londres durante dos años y sé lo que cuesta, sin hablar de la renta.
Dejo a un lado la discusión sobre el posible delito que Ebrard y/o la embajadora pueden haber cometido. Obviamente no habrá ninguna investigación al respecto, ni consecuencias penales, ni siquiera políticas. Y es cierto que en vista de los retos que enfrenta el país, y de los líos en los que se encuentra el gobierno, el Londresgate parece ser lo de menos. Quisiera referirme a los temas de ética en cuestión.
Si la embajadora efectivamente ofreció el alojamiento al hijo de su superior jerárquico, se trata de una especie de “mordida”. Normalmente, los enviados diplomáticos de naturaleza política no saben bien hasta qué punto dependen del secretario para mil asuntos: nombramientos de colaboradores, gastos de representación, permisos de ausentarse de la sede, gestiones y atenciones a visitantes, etc.
Los más avezados entienden que por muy amigos que sean del Presidente —como la embajadora en Londres del Peje— sus posibilidades de llevarle cada asunto al Presidente son limitadas. Al tercer pedido de un mayor presupuesto para nuevas cortinas —Porfirio Muñoz Ledo me pidió 400 mil dólares para renovarlas en Bruselas— el amigo de Palacio se va a desentender. Preferible llevarla bien con el canciller, es decir, con el que decide estas minucias. Qué mejor manera que acoger a su hijo durante un semestre académico.
O al revés. Ebrard le “sugirió” a la embajadora, o al encargado de negocios —según El País, diario más simpatizante de la 4T, imposible— que recibiera a su hijo “unos días”, que se convirtieron en “unos meses”. Peor tantito: se trata de un obvio abuso de poder, ya que ni uno ni la otra se hallaban en posibilidades de negarse ante tal solicitud.
Se dice fácil que todo esto ni importa, ni tiene nada de nuevo. Creo que sí importa, porque lo que se haga en un caso nimio como este, puede reproducirse en otros, más graves. Y también sé que sí es algo nuevo: no fue siempre así.
