Luego de que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieran la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueran dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no cumplir con los requisitos para mantener el estatus de donatarias autorizadas, Amnistía Internacional (AI) aseguró que esa revocación es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente.
“¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas´. El debate real no es ‘control vs libertad’. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?
Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen”, dijo en su cuenta de X.
Precisó que en toda América crece una tendencia: “leyes anti-ONG” por parte de gobiernos que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil.
“Las organizaciones de la sociedad civil sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia. Limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad. A las organizaciones se les exige todo. Pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, expresó.
Enfatizó también que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución. “Documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes. Debilitarla es debilitar a toda la sociedad”, sostuvo.
Dijo que son urgentes reglas claras y justas. “Sí a la transparencia. Pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”, mencionó.
ONG esperan autorización
Durante ese mismo sábado, cuando fue publicada la noticia por esta casa editorial, organizaciones involucradas como Mexicanos Primero y México Evalúa informaron, que se encuentran a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos.
Un día después, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también fijó su postura al respecto, mencionando que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación, pero pese a las acciones, aseguran que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.
Con información de El Universal.
