Héctor De Mauleón
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Se estima que entre 35 y 45 mil menores mexicanos son reclutados y utilizados cada año por los cárteles. Y entre 150 y 250 mil más poseen indicadores de riesgo que podrían llevarlos, mañana mismo, a ser reclutados.
Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, llegaron a la Central Camionera de Tlaquepaque, Jalisco, el pasado martes 27 de mayo pasado: los habían contactado a través de Facebook para ofrecerles empleo con un salario de cinco mil pesos mensuales.
Habían viajado desde Michoacán. Les dijeron que una mujer iba a contactarlos en Central Camionera Nueva para trasladarlos a San Cristóbal de la Barranca.
En la estación, el mayor de ellos notó en la mujer, una joven, algo extraño. Según la tarjeta informativa enviada aquel día, decidió hacer señas a un par de policías estatales que vigilaban el lugar.
Los agentes se acercaron, preguntaron a la mujer, Monserrat “N”, sobre el trabajo que supuestamente les iba a ofrecer. Solo recibieron evasivas y notaron “un comportamiento nervioso”.
En ese momento, dos hombres se acercaron al grupo. Según reportes extraoficiales, eran policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y tenían la encomienda de conducir al menor y a su acompañante hacia dicho municipio.
Viajaban en una camioneta oficial, rotulada con el número SC04.
Monserrat admitió al fin que “solo era una intermediaria” y que le habían pagado tres mil pesos por recoger a los recién llegados. El dinero sería repartido con sus dos cómplices.
El gobernador de Jalisco reveló ese mismo día que los policías detenidos refirieron que eran parientes de la alcaldesa de San Cristóbal de la Barranca, Karina Guzmán. Guzmán negó tener vínculos con los agentes involucrados y solicitó a la Fiscalía del Estado “una investigación exhaustiva”.
Todo esto a solo dos meses del hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y a solo unos días de la detención del alcalde de ese municipio, José Ascensión Murguía, acusado de recibir dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y de permitir las actividades que convirtieron el rancho en un sitio de reclutamiento –y, según el colectivo Guerreros Buscadores, también en uno de exterminio.
La Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque se halla en el epicentro de los casos de desaparición en Jalisco. El lugar ha sido reforzado con cámaras y la presencia permanente de fuerzas estatales y federales. De acuerdo con datos oficiales, 35 personas, entre estas 13 menores, han sido rescatadas en la central, de octubre a la fecha.
El mismo día en que se dio a conocer la detención de los policías municipales de San Cristóbal de la Barranca, un reportaje de Manu Ureste en Animal Político reveló que en menos de cinco meses de la administración de Claudia Sheinbaum, más de mil adolescentes y jóvenes mexicanos de entre 15 y 19 años han sido reportados como desaparecidos.
La cifra representa un aumento de 75% en los casos, en relación con el mismo periodo de 2024 que, de por sí, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, “ya había batido el récord como el año con más adolescentes y jóvenes desaparecidos”.
La cifra es 215% más alta que en 2023.
A raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló la existencia de una red de reclutamiento que operaba a través de 39 perfiles en redes sociales, sobre todo en TikTok. Niñas, niños y adolescentes son reclutados en México por medio de chats de videojuegos (Minecraft, Fortnite…) y de redes sociales como X, Facebook y YouTube.
Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ha lamentado una y otra vez la ausencia en la legislación mexicana del tipo penal de reclutamiento, a pesar de que la ONU lo está solicitando desde marzo de 2011, hace ya 14 años. Esta ausencia, afirma, podría derivar en liberación de los detenidos en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.
La agencia Reuters difundió un reportaje que afirma que hay una estrategia deliberada de los grupos del crimen organizado para reclutar menores, incluso niños, en sus filas. La Red por los Derechos de la Infancia en México, y el propio Juan Martín Pérez, estima que entre 35 y 45 mil menores mexicanos, todos ellos vulnerados en sus derechos, sin mayores alternativas, con la complicidad de fuerzas de seguridad y ante la omisión y sordera del Estado, son reclutados y utilizados cada año por los cárteles.
No solo eso: entre 150 y 250 mil poseen indicadores de riesgo que podrían llevarlos, mañana mismo, a ser reclutados.
Las autoridades “destacan avances”. Pero de nueva cuenta, sus propias cifras las desmienten. Los jóvenes son el blanco.
