Trump en la que le urgieron dejar sin efecto “inmediatamente” las órdenes ejecutivas con las que impone aranceles del 25 por ciento a México y Canadá.
“Declarar esta emergencia (con aranceles) es un abuso de poder que pone de manifiesto la falta de una justificación jurídica real para estas tarifas”, enfatizaron.
Alertaron que los aranceles “devastarán a los estadunidenses que ya luchan contra los altos precios, eliminarán puestos de trabajo y perjudicarán las relaciones diplomáticas con nuestros socios más cercanos”. Socavarán “nuestra colaboración con ellos en desafíos críticos, incluida la seguridad nacional, el control de drogas, la migración y seguridad energética”.
Asimismo, los más de 40 congresistas que firman la misiva, consideraron que las tarifas “desestabilizarán la estrecha relación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá”.
Refirieron que los tres países “hemos tenido un acuerdo de libre comercio durante más de tres décadas, que abarca el 30 por ciento de la economía global, constituyendo el mayor bloque comercial del mundo”.
Los legisladores, entre ellos Greg Stanton y Gregory W. Meeks, resaltaron que México y Canadá son los primeros socios comerciales de los Estados Unidos y el comercio entre los tres países sustenta a más de 12 millones empleos estadunidenses. Esta estrecha relación es cada vez más importante a medida que trabajamos para fortalecer nuestra cadenas de suministro regionales y competir con la República Popular China”.
En la carta dirigida también a Marco Rubio, secretario de Estado; Jeremy Pelter, secretario de Comercio, entre otros, advirtieron que los aranceles impuestos aumentarán el costo de los alimentos, los automóviles, el petróleo, el gas, los minerales críticos y computadoras para las familias de Estados Unidos. “Harán que sea más difícil y costoso hacer negocios en ambos lados de la frontera”. Los congresistas señalaron que el presidente Trump el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer estos aranceles “es un intento deliberado de eludir la autoridad constitucional del Congreso para fijar” dichas tarifas. (La Jornada)
