Jorge G. Castañeda
Es lógico que medio mundo se ocupe de las condiciones bajo las cuales se aprobó la reforma del Poder Judicial, incluyendo las tragicomedias del PAN y de Movimiento Ciudadano. No es un asunto secundario el cómo de esta reforma, ni los medios que se utilizaron para conseguir el fin supuestamente deseable. Pero en vista de que todo eso ya es a toro pasado, conviene preguntarse quizás qué va a suceder ahora con las demás reformas del Plan C dictaminadas por el Congreso anterior y que podrían ser aprobadas, también al vapor, también por 86 senadores, u 85 con un ausente, en los próximos días o semanas. Y en todo caso antes de que termine el mandato de López Obrador.
Entre las reformas dictaminadas por la legislatura anterior figura la extensión de la prisión preventiva oficiosa, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, la eliminación de los órganos autónomos del Estado —con excepción del INE y del Inegi, por ahora— y algunas más quizás no de la misma importancia. Todas estas podrían ser aprobadas por la Cámara de Diputados y por el Senado antes del 30 de septiembre si así lo quisiera López Obrador, y si así lo pusieran en práctica sus operadores en el Congreso. Si se pudo aprobar lo más difícil, a saber, la reforma judicial, deben poderse ratificar también las más fáciles, como las ya mencionadas.
Para ello, sí encierra un gran interés saber si los Yunes y Barreda van a repetir su sainete en las siguientes votaciones, o si volverán al redil, o si desaparecerán, aunque parece que eso no es fácil. Barreda no tiene suplente, y el suplente de Yunes Márquez es Yunes Linares, dando más o menos lo mismo. Si vuelven a votar como votaron el martes, las reformas se aprobarán y nos acercaremos peligrosamente —ahí sí— a un cambio de régimen. Sobre todo si recordamos que aunque no fueron dictaminadas por el Congreso saliente, la eliminación del INE y la incorporación de la autoridad electoral a la Secretaría de Gobernación, y la supresión de diputados de representación proporcional también están en la agenda del Plan C.
Claudia Sheinbaum quiso agregar a estas reformas de carácter netamente electoral el fin de la reelección por lo menos para diputados y senadores, aunque no me quedó claro si también para presidentes municipales. Pero, en todo caso, aunque no fueron dictaminadas en agosto, lo pueden ser rápidamente en octubre o noviembre, incluso antes de que llegue el presupuesto el 15 de noviembre a la Cámara de Diputados.
Si subsiste alguna duda sobre el compromiso de la próxima presidenta con estas reformas, el escepticismo se disipará a partir del 1 de octubre. O insistirá en que las reformas ya dictaminadas, pero no aprobadas, pasen a los plenos de ambas Cámaras, o no. Y enviará a dictaminar a comisiones las reformas pendientes, para luego ser aprobadas por el pleno, o no.
Es cierto que puede posponer el conjunto de modificaciones constitucionales hasta más adelante, tomando en cuenta lo complicado que puede resultar la aprobación del presupuesto. No lo será por lo que pueda aportar o discrepar la oposición, sino por los problemas propios del partido mayoritario: a quién van a afectar los recortes, qué tasa de crecimiento se va a pronosticar para 2025 en vista de la recesión inminente, y qué tipo de miscelánea fiscal se inventará para aumentar impuestos sin decirlo.
Pero todo esto no cambiará lo esencial. La reforma del Poder Judicial fue solamente un paso, quizás el más importante, pero sin demérito de la trascendencia de los demás pasos. Ocupémonos de las peripecias del PAN y de MC, pero no perdamos de vista lo que cuenta: el inminente cambio de régimen si todo esto se mantiene igual.
