Todas las reformas electorales desde 1977 han tenido como motor demandas y planteamientos de las oposiciones. No siempre todos sus elementos fueron progresivos, se realizaron con el concurso del partido mayoritario, pero las 8 fueron acicateadas por reclamos democratizadores.
En 1977 se abrió la puerta a opciones políticas a las que se mantenía marginadas del mundo institucional y se modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle pluralismo. En 1986, aunque hubo retrocesos, se creó la Asamblea de Representantes del D.F., se incrementó el número de diputados plurinominales y se estableció el primer tribunal electoral.
En 1989-90 se fundó el IFE para ofrecer garantías de imparcialidad y el Tribunal Federal Electoral. En 1993 se abrieron las puertas del Senado al pluralismo, se terminó con la auto calificación de las elecciones de diputados y senadores y se reguló el financiamiento a los partidos. En 1994, se estableció una nueva integración del Consejo General del IFE en la que los consejeros ciudadanos tenían la mayoría de los votos, se reguló la observación electoral, se permitió la presencia de “visitantes extranjeros” y se reformó el Código Penal para introducir delitos electorales.
En 1996 salió del IFE la representación gubernamental, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial máxima autoridad en la materia, se acordaron las fórmulas de integración de ambas Cámaras que se mantienen inalteradas desde entonces, se estableció que el gobierno y los delegados del D. F. serían electos y se construyeron condiciones de equidad para la competencia. En 2007 se regularon las precampañas, se multiplicaron las capacidades de fiscalización del IFE, se reglamentó el acceso de los partidos a los medios. Y en 2014 se transformó el IFE en INE y se abrió paso a las candidaturas independientes.
No son todas las reformas. Solo un listado mínimo para ilustrar que su estímulo fue la necesidad de incorporar a quienes estaban excluidos, crear instituciones imparciales y condiciones de la competencia equitativas, ofrecer cauces para desahogar los conflictos, contar con fórmulas de traducción de votos en escaños consensadas, en suma, eslabones necesarios para elecciones auténticas.
Hoy que desde la presidencia y Morena se anuncia una nueva reforma, preocupa que lo que se quiera sea satisfacer fobias de la fuerza política mayoritaria. Se avisa que se desea barrer con el INE y el Tribunal, puntales que han logrado inyectar imparcialidad y certeza en nuestros procesos electorales y que han permitido la expresión, recreación, convivencia y competencia de la diversidad política. Y además se pretende impulsar fórmulas de integración del Congreso que quieren sobre representar a la mayoría y sub representar a las minorías.
México no ha logrado generar políticas suficientes para abatir la pobreza, la educación tiene un déficit de calidad que resulta inocultable, la inseguridad sigue devastando la convivencia en muy diferentes territorios, la desprotección en materia de salud se incrementa, la fiscalidad es débil, el trabajo se precariza, la violencia contra las mujeres se incrementa y la corrupción sigue multiplicándose. Y la lista podría crecer.
Pero la prioridad del gobierno es meterle mano a lo que está funcionando. Una legislación y unas instituciones que permiten a los ciudadanos optar entre diferentes plataformas políticas y la convivencia de la pluralidad en las instituciones representativas.
