Ciudad de México.- Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas fantasma y el dinero terminaba en el bolsillo de los funcionarios. Pero el ex gobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar montos mayores de los que desaparecieron en Veracruz, revela una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
La investigación, que llevó 6 meses, evidencia que 186 compañías recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.
Pero además, más de 3 mil 433 millones de pesos desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.
El desvío de recursos lo hicieron dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.
Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador elector del Estado de México- al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.
También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.
Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.
Según la investigación de Animal Político, la estafa se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados. (HuffPost México)
