La impunidad en 99.75% de los asesinatos y agresiones contra periodistas en México evidencia las omisiones y complicidad del Estado mexicano a la hora de inhibir el derecho a la información y libre expresión, concluye Artículo 19. Además, señala esta organización, más de la mitad de los ataques a comunicadores los perpetra el Estado.
Datos de la organización civil señalan que en los últimos 6 años, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, sólo ha resuelto tres casos de agresiones contra periodistas pese a haber abierto más de 800 investigaciones. Indagatorias que no corresponden con las 2 mil 20 agresiones contra periodistas registradas en el mismo periodo, número que evidencia una alta cifra negra de ataques contra comunicadores no registrados.
La violencia contra la prensa no va a cesar mientras no se combata la impunidad», dijo Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Agregó que «nunca antes se habían registrado tantas agresiones», luego de que en 2016 se asentaron 426 agresiones contra comunicadores, y de éstas, «se documentó que el 53% fueron perpetradas por agentes del Estado», incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales, según un adelanto del informe Libertades en Resistencia.
En la última década han desaparecido al menos 23 periodistas. Tan sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 30 periodistas.
En este sentido, Ruelas señaló que en los últimos 4 años del actual sexenio de Enrique Peña Nieto se ha documentado un aumento de la violencia institucional ocho veces mayor, respecto a 2012, último año del sexenio del panista Felipe Calderón.
Una situación que, de acuerdo con Leopoldo Maldonado, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, evidencia la complicidad del Estado en los ataques contra periodistas en México.
«Uno de los peores problemas que enfrenta esta omisión, y esta complicidad en que se convierte dicha omisión por parte del Estado en materia de agresiones contra la prensa, es la impunidad», señala.
«Instituciones sobran, leyes sobran, recursos sobran. Lo que hace falta es voluntad. Por eso lo que tenemos ahorita es un cascarón, un supuesto esquema de protección», agrega.
En este contexto, Artículo 19 consideró que «la censura gubernamental» en leyes como la del Archivo General de la Nación (que pretende borrar datos de archivos históricos), leyes ‘antimemes’ (con las cuales se castiga con cárcel la manipulación de imágenes) o los delitos de ultraje (con los cuales cualquier insulto a la autoridad se castiga también con cárcel), muestran cómo es que, desde el marco normativo, se pretende inhibir el derecho de expresión de los mexicanos.
Otro de los casos más comunes para «inhibir el ejercicio periodístico», según Artículo 19, tiene que ver con las demandas por daños moral contra comunicadores. En este sentido, recordó que personajes como la periodista Ana Lilia Pérez lleva ya 7 años de litigio sin que se resuelva el caso (tras una demanda del panista Juan Bueno Torio ), similar a lo que ocurre con otros periodistas y analistas como Carmen Aristegui (demandada por Joaquín Vargas, dueño de MVS) o Sergio Aguayo (demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira).
En este sentido, Artículo 19 también apuntó que en lo que va del actual sexenio de Peña, se incrementó en ocho veces este tipo de demandas respecto al sexenio de Felipe Calderón.
The Huffington Post.
