El ilustre maestro Felipe Tena Ramírez escribió respecto de la revolución, palabras más, palabras menos, que si no se acepta la existencia de un Constituyente sin límites, en cierto modo la Constitución es inmodificable; y, para reformarla integralmente, es necesario salirse de la propia Constitución.
En este sentido, agrega, el único procedimiento jurídico para alterar cualquier texto constitucional, es el previsto por el artículo 135; no son jurídicos los procedimiento pacíficos diversos al anterior; y continuando en esa línea de pensamiento arriba a la interrogante de si la Constitución autoriza o tolera su propia derogación por medios violentos; estamos pues, dice en ese punto, “en presencia de este doble problema: el derecho a la revolución y el derecho de la revolución”.1
No seré yo quien diga si el maestro sabía de lo que hablaba o no; yo creo que sí; sus palabras están cargadas de sentido; resultan lógicas, comprensibles y sensatas.
Lo anterior viene a cuento porque, de un tiempo a la fecha, los cargados aires de “renovación” en la Entidad parecieran querer transformarlo todo (o por lo menos trastornarlo) y con motivo de los resultados electorales del pasado 5 de junio tal parece que ese vendaval renovador lo puede todo.
“Voy, voy, voy; con qué poco se atragantan algunos; ni que fuera para tanto”; digo yo. El pasado 5 de junio hubo elecciones; ganaron unos y perdieron otros; se llevó a cabo una jornada electoral y punto; el proceso, regular, previsible, cíclico, republicano pues, conformó una nueva mayoría en el Congreso y trajo nuevo Gobernador… nada más; no se trata de una revolución y está muy lejos de constituir un hito para refundar al Estado.
Inmersa en un discurso ajeno a la autocrítica, cargado de misticismo, para la actual administración estatal -y sus corifeos- cualquier abuso, yerro o dislate está permitido sobre la base confusa y endeble de que “se está haciendo lo correcto” (o alguna estupidez similar) aunque la ley o la Constitución no lo consientan. La premisa de la que se parte no sólo resulta débil sino falaz, pues los fallos monstruosos de la pasada administración no lo justifican todo.
Ese argumento, ese modo de pensar, de encarar los enormes retos de su gestión actual, me recuerdan el llamado “mal del marrano”, pero no en su versión tradicional;2sino en una pintoresca, autóctona y sui géneris variante según la cual, cuando la “gente buena” hace marranadas, las marranadas se convierten en cosas buenas. No señores, muy por el contrario, cuando la “gente buena” hace marranadas se convierte en gente marrana y eso les está pasando.
El hasta hace poco intachable abogado, César Jáuregui Robles, despide mujeres embarazadas haciendo alarde (no gala) de su desprecio a cualquier prohibición relativa a la discriminación,3 litiga desde las sombras los asuntos entre el Gobierno del que forma parte y el despacho jurídico que recién acaba de dejar (falta ver si continúa siendo socio),4 abiertamente cabildea para integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia,5intenta poner y quitar magistrados a su antojo6 -e, incluso, luego de trabajar por un Poder Judicial “independiente”, impuso a su nuevo administrador-;7 y sin ningún pudor, tramita la publicación de una reforma que él mismo públicamente tildó de inconstitucional.8
El tema de las fotomultas también resulta muy ilustrativo; habiendo prometido quitarlas, por inconstitucionales;9 éstas no sólo se quedan, sino que el Estado pretende recaudar 70 millones de pesos por ese concepto para el 2017.10
Aprobada la creación del Consejo de la Judicatura, ni el Poder Ejecutivo ni su rebaño profano (sagradas las Chivas Rayadas) en el seno del Legislativo han designado al resto de sus integrantes, pese a estar constitucionalmente obligados a ello desde el pasado mes de octubre.
En la UACH, con absoluto respeto a su autonomía, la Facultad de Derecho sigue sin Director porque los candidatos que fueron democrática y legalmente electos no le gustaron… a la Administración estatal.11
Mientras tanto, el auto proclamado “Joven Maravilla” (ni los cercanos a él sabíamos que así lo motejó don Aurelio Páez),12 en la presentación de su Plan de Gobierno expresamente ofreció, entre otras cosas:13 Nombrar un gabinete plural con los “mejores chihuahuenses” (no de amigos e incondicionales suyos), una nueva Constitución (de la que no se ven ni sus luces), un ajuste presupuestal y un reacomodo de los recursos de las secretarías (creó cinco nuevas dependencias),14 corregir el sistema de trasporte llamado Vivebús (lo único que ha conseguido, hasta ahorita, es borrar los logos de las estaciones);15 y pese a que Robin protestó guardar la Constitución del Estado y respetar la ley, tenemos que precisamente la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación local es clarísima al disponer que los particulares, personas físicas o morales, que presten el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades requerirán de concesión o permiso del Ejecutivo (art. 8º); y que constituye infracción, el que sin concesión o permiso se preste servicio público de transporte (art. 74, f. I); ahí lo tiene Usted -y para colmo sin Batman- imponiéndose contra esa Constitución y la Ley porque de que Uber se queda, se queda.16
No cabe duda, salieron trompuditos y desmemoriados.
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