Tiene razón la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex) en negarse a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que se presentó en Los Pinos. Argumenta que carece de metas claras, objetivos puntuales y métricas que sirvan para evaluar los avances.
El acuerdo está plagado de vaguedades y lugares comunes: “reforzar acciones en favor de la libre competencia”; “modernizar el transporte público”; fomentar “la inclusión laboral de los grupos vulnerables”; ejercer “el presupuesto de manera clara, transparente y austera, cuidando en todo momento el gasto social […]”.
Pero el mayor problema es que no da respuesta al fondo del enojo social, que es la percepción de que ‘los de arriba’ disfrutan —a la mala, o sea, mediante corrupción y tráfico de influencias— privilegios que carecen ‘los de abajo’ (AMLO dixit). El aumento al precio de las gasolinas sólo es un catalizador de ese descontento. Si hubiese gobiernos honestos que brindaran buenos servicios públicos de transporte, seguridad, salud y agua, la medida sería aceptada.
En muchas marchas la consigna principal ha sido contra el gobierno y los políticos. “Que chingue su madre el régimen”, cantaban jóvenes en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo pasado. Miles de pancartas con el lema “Fuera Peña” abundan en manifestaciones a lo largo y ancho del país. “Pinches rateros”, se leía en las calles de Guadalajara.
El enojo y la ira no se resuelven dando explicaciones técnicas (que deben darse), sino atacando los problemas de fondo. Tampoco se aminoran con acuerdos que son paja y rollo sin sustancia para la mayor parte de la población. ¿Qué hacer?
Primero, mostrar empatía. En la mente de la gente están los dos bonos que se autoasignaron los diputados a fines del año pasado (cerca de 250 mil pesos por cabeza que se sumaron a su sueldo y aguinaldo), las imágenes de corrupción del ex gobernador de Veracruz y las leyendas de otros más. El único ‘sacrificio’ del gobierno es una disminución de 10 por ciento de “la partida de sueldos y salarios de funcionarios públicos del mando superior”, aunque no de los beneficios individuales. Respecto a la corrupción sólo se dice lo siguiente: “Se fortalecerá el Estado de derecho para combatir la corrupción y aumentar la transparencia”.
La diputada Ivonne Ortega (PRI) muestra más sentido común (por cierto, ella rechazó los bonos de diciembre). Ayer propuso 10 medidas concretas, entre ellas bajar impuestos de gasolinas pero vincularlo a reducciones en el gasto público: publicidad oficial, sueldos y pensiones de altos funcionarios, senadores y diputados; reducir viáticos y financiamiento de partidos; transparentar ingresos del petróleo, entre otras.
Algo semejante dijo otra mujer, Margarita Zavala (PAN), quien el domingo propuso reducir el financiamiento de los partidos, terminar con los bonos y vales de gasolina, café y teléfono para diputados y funcionarios.
Aunque reducir sueldos y el financiamiento de los partidos es insignificante frente a la magnitud del déficit del gobierno o frente al tamaño de la recaudación del impuesto a la gasolina (IEPS), manda una señal de empatía y genera confianza. No hay forma de que los beneficios de la liberalización del precio de las gasolinas sean entendidos y aceptados si los que gobiernan no dan primero una señal de sacrificio.
Es populista e irresponsable proponer —como lo ha hecho López Obrador y otros— que la solución es revertir la reforma energética y la Ley de Ingresos para eliminar el gasolinazo, eso es, volver a subsidiar el precio. Se trata de una política injusta que beneficia a los más ricos. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), por cada peso de subsidio que recibió el decil más bajo de ingreso en 2013, el más alto recibió 32.
Si los partidos quieren reducir el IEPS, que digan primero cómo reducir el gasto público, un tema al que rehuyen una y otra vez. Los gobernadores que se han inconformado deben proponer cómo aumentar sus fuentes de recaudación propia y cómo pueden reducir su propio gasto. Reducir el precio de la gasolina por decreto es un acto de magia populista que no resuelve nada: el asunto es gastar menos para tasar menos y gastar mejor para reducir el descontento de la población.
Para que las medidas sensatas de política pública —como lo es la liberalización del precio de la gasolina— sean acatadas y legitimadas, se requiere autoridad política. Ésta se gana dando el ejemplo. El del lunes fue un evento a la antigüita, de cúpulas políticas que se comprometen frente al presidente, un acto alejado del sentir de la población. Esos eventos no transmiten empatía y no son la forma para contener el enojo.
Twitter: @LCUgalde
