José Woldenberg
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Leo en una nota de María Cabadas aparecida en estas mismas páginas (17-04-25) que “sería a finales de septiembre o inicios de octubre próximo cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas dictamine si lleva o no el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General del organismo”.
La desaparición forzada es uno de los delitos más aberrantes y no es casual que la Organización de Naciones Unidas tenga un Comité especial para atender esos casos. Se entiende por desaparición forzada la privación ilegal de la libertad de una persona por parte de alguna institución estatal o por particulares en connivencia con agentes estatales. Y, por supuesto, si sucede y el gobierno lo niega el caso se vuelve más grave aún.
La primera reacción de las autoridades mexicanas ante el emplazamiento de la ONU consistió en negar que en nuestro país existieran desapariciones forzosas. No obstante, México es parte de un circuito internacional que le impone obligaciones y es improductivo intentar escapar de él.
La retórica negacionista en varias áreas le ha funcionado al gobierno en nuestro territorio, pero al parecer no se tiene conciencia que más allá de nuestras fronteras no se debe ni se puede tapar el sol con un dedo.
Como anexo a la nota aludida se reproducían las declaraciones de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “criticó al CED y aseguró que está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en México”; del presidente del Senado: “son herramientas del poder económico y del conservadurismo… para estar hostilizando a gobiernos que verdaderamente sirven al pueblo”; de la presidenta de Morena: “la posición de la ONU tiene orientación política, pues no le gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”; la presienta Sheinbaum “informó que enviaron una nota diplomática a la ONU al rechazar que haya desaparición forzada desde el Estado, pues es a causa del crimen organizado”.
Y en el extremo, el Senado de la República “aprobó un pronunciamiento para pedir que sea destituido de su cargo en la ONU De Frouville”, presidente de la CED. Una reacción, perdonen el adjetivo, provinciana y además contraproducente.
Según la nota de María Cabadas, a pesar de esas declaraciones, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores están llevando a cabo reuniones con la CED, y qué bueno que así sea. Al igual que en materia de combate al crimen organizado, el gobierno de Trump se aprovechó de las omisiones y negligencia del gobierno anterior; ahora la forma en que se desvirtuó a la CNDH pasa factura.
Se construyó una Comisión que no molesta ni con el pétalo de una rosa a las autoridades federales, se olvidó que esa Comisión puede ser un instrumento coadyuvante en la detección y defensa de los derechos humanos, y su sumisión la volvió inútil para la misión que tiene encomendada.
Si, por el contrario, se hubiese fortalecido el circuito de las comisiones (la federal y las estatales) hoy México contaría con mejores instrumentos para atender las demandas de la ONU.
Porque puede ser cierto que la inmensa mayoría de las “desapariciones forzadas” sean obra de grupos delincuenciales, lo cual no permitiría catalogarlas como tales, ¿pero alguien medianamente informado puede asegurar que en algunas o muchas de ellas no hayan participado policías municipales, estatales, integrantes de las fuerzas armadas u otros agentes estatales?
