A últimas fechas llama poderosamente la atención el hecho de que en Chihuahua se establecen protocolos de “seguridad” para las actividades cotidianas de sus habitantes: para las elecciones, para los periodistas, para los paramédicos, para las corporaciones policiacas, para los ciudadanos, y para lo que se acumule en la semana.
En términos generales, un protocolo define un conjunto de acciones y procedimientos que finalmente tienen el objetivo de convertirse en “costumbres” o formas de comportamiento ante determinados sucesos.  Hablando del tema de seguridad, que es el que recientemente ha provocado la generación de “protocolos” en el Estado de Chihuahua, se refieren a los procedimientos que diferentes sectores habrán de realizar durante el desempeño de sus actividades cotidianas para evitar ser víctimas de la creciente violencia en sus diferentes manifestaciones.
La realidad nos golpea en la cotidianeidad de la violencia; no hay protocolo que evite la sensación de riesgo permanente en que vivimos; aunque voces de peso como la de los empresarios restauranteros que buscan mantener vivas las actividades económicas como es el turismo en Chihuahua llaman al optimismo, no podemos simular al grado de ofrecer un Chihuahua virtual para posibles visitantes, negar la ola de muerte, delincuencia y temor sería una irresponsabilidad de magnitudes insospechadas.
El detalle más importante del tema que nos ocupa y que hay que recalcar, es que el Estado debe ser el garante de la seguridad pública y es el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social; y es a través de sus órganos de seguridad pública que debe proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Justo para eso existen las dependencias de seguridad pública: para que trabajen en la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, además de salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través de la prevención en la comisión de delitos y reprimirlos cuando éstos ya se cometieron.
Inexplicable resulta entonces, que ahora los sectores que conforman a la sociedad chihuahuense tengan que diseñar sus propios protocolos para realizar las actividades diarias como ir a trabajar, al mandado, ir a la escuela, o simplemente transitar por las calles, cuando el trabajo de las instituciones de seguridad pública es precisamente proteger a la ciudadanía.  El día a día de los chihuahuenses es riesgoso; y sin necesidad de protocolos escritos y anunciados sorteamos la violencia en la que durante los últimos años nos hemos visto inmersos; la ciudadanía valientemente sale a la calle a sabiendas de que en el momento menos pesado podría ser alcanzado con una bala, ser víctima de un asalto o de un secuestro.
Pero si de protocolos de seguridad hablamos, en todo caso, el único y más importante protocolo que está faltando es el de la autoridad “competente” para que existan las reglas y procedimientos que creen la costumbre en sus dependencias de procuración de justicia para que realicen su trabajo con eficiencia y eficacia en cumplimiento a sus responsabilidades que como “autoridad” tienen para con los ciudadanos y los sectores que lo componen.
Es cierto que la ciudadanía debe cooperar con los tres poderes y acatar las Leyes y demás disposiciones para preservar el orden social; pero también es cierto que no pueden –bajo ninguna circunstancia-- endosarle la responsabilidad que como autoridades tienen el deber de cumplir.  La ineficacia en la aplicación de la justica y la falta de cumplimiento de las responsabilidades que como “autoridades” tienen para la ciudadanía para prevenir y detener el crimen organizado; no pueden sustituirse con protocolos y recomendaciones que cambien la vida personal, familiar, profesional, cívica y productiva de los chihuahuenses;  es inconcebible que actualmente –y sin la necesidad de un protocolo-- haya más garantía de bienestar para los delincuentes que para los chihuahuenses de bien.
Concluyo esta vez recordando nuevamente una frase de Juan Pablo II: “Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz”.
A últimas fechas llama poderosamente la atención el hecho de que en Chihuahua se establecen protocolos de “seguridad” para las actividades cotidianas de sus habitantes: para las elecciones, para los periodistas, para los paramédicos, para las corporaciones policiacas, para los ciudadanos, y para lo que se acumule en la semana.
En términos generales, un protocolo define un conjunto de acciones y procedimientos que finalmente tienen el objetivo de convertirse en “costumbres” o formas de comportamiento ante determinados sucesos.  Hablando del tema de seguridad, que es el que recientemente ha provocado la generación de “protocolos” en el Estado de Chihuahua, se refieren a los procedimientos que diferentes sectores habrán de realizar durante el desempeño de sus actividades cotidianas para evitar ser víctimas de la creciente violencia en sus diferentes manifestaciones.
La realidad nos golpea en la cotidianeidad de la violencia; no hay protocolo que evite la sensación de riesgo permanente en que vivimos; aunque voces de peso como la de los empresarios restauranteros que buscan mantener vivas las actividades económicas como es el turismo en Chihuahua llaman al optimismo, no podemos simular al grado de ofrecer un Chihuahua virtual para posibles visitantes, negar la ola de muerte, delincuencia y temor sería una irresponsabilidad de magnitudes insospechadas.
El detalle más importante del tema que nos ocupa y que hay que recalcar, es que el Estado debe ser el garante de la seguridad pública y es el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social; y es a través de sus órganos de seguridad pública que debe proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Justo para eso existen las dependencias de seguridad pública: para que trabajen en la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, además de salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través de la prevención en la comisión de delitos y reprimirlos cuando éstos ya se cometieron.
Inexplicable resulta entonces, que ahora los sectores que conforman a la sociedad chihuahuense tengan que diseñar sus propios protocolos para realizar las actividades diarias como ir a trabajar, al mandado, ir a la escuela, o simplemente transitar por las calles, cuando el trabajo de las instituciones de seguridad pública es precisamente proteger a la ciudadanía.  El día a día de los chihuahuenses es riesgoso; y sin necesidad de protocolos escritos y anunciados sorteamos la violencia en la que durante los últimos años nos hemos visto inmersos; la ciudadanía valientemente sale a la calle a sabiendas de que en el momento menos pesado podría ser alcanzado con una bala, ser víctima de un asalto o de un secuestro.
Pero si de protocolos de seguridad hablamos, en todo caso, el único y más importante protocolo que está faltando es el de la autoridad “competente” para que existan las reglas y procedimientos que creen la costumbre en sus dependencias de procuración de justicia para que realicen su trabajo con eficiencia y eficacia en cumplimiento a sus responsabilidades que como “autoridad” tienen para con los ciudadanos y los sectores que lo componen.
Es cierto que la ciudadanía debe cooperar con los tres poderes y acatar las Leyes y demás disposiciones para preservar el orden social; pero también es cierto que no pueden –bajo ninguna circunstancia-- endosarle la responsabilidad que como autoridades tienen el deber de cumplir.  La ineficacia en la aplicación de la justica y la falta de cumplimiento de las responsabilidades que como “autoridades” tienen para la ciudadanía para prevenir y detener el crimen organizado; no pueden sustituirse con protocolos y recomendaciones que cambien la vida personal, familiar, profesional, cívica y productiva de los chihuahuenses;  es inconcebible que actualmente –y sin la necesidad de un protocolo-- haya más garantía de bienestar para los delincuentes que para los chihuahuenses de bien.
Concluyo esta vez recordando nuevamente una frase de Juan Pablo II: “Hasta que quienes ocupan puestos de responsabilidad no acepten cuestionarse con valentía su modo de administrar el poder y de procurar el bienestar de sus pueblos, será difícil imaginar que se pueda progresar verdaderamente hacia la paz”.